Desde la Gobernación de Nariño, denunciamos nuevamente, la crítica situación humanitaria y de orden público que vive la región, especialmente los municipios de Samaniego, La Llanada, Los Andes – Sotomayor, Santacruz, en la costa pacífica, piedemonte, Telembí y la región de cordillera, donde la comunidad está sometida por los grupos al margen de la ley.

Ponemos en conocimiento del Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Ministerio de Defensa y las organizaciones no gubernamentales, que acompañan las mesas de diálogo con los grupos armados, los hechos que afectan a la comunidad nariñense, entre los más recientes están:

• Afectación con explosivos del puente El Socorro, en el municipio de Santacruz, el cual comunica a la comunidad del resguardo El Sande de la comunidad indígena Awá.
• Se conoce también, que los grupos armados limitan la movilidad de los habitantes de este sector, y solamente permiten a la población entrar y salir del territorio, cada 15 días, en una clara violación a los derechos de las personas y comunidades. Dicha afectación a esa infraestructura correspondería a la disputa territorial que mantienen disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN en la zona.
• En los últimos días también se conoció la participación de integrantes de las disidencias de las FARC de la columna Franco Benavides, haciendo entrega de obras, que al parecer son construidas con recursos que los actores armados obligan a las comunidades a aportar.
• Es de público conocimiento el constreñimiento al elector que realizaron estos grupos en las pasadas elecciones, puesto qué como se manifestó en los Comités regionales de seguimiento electoral, los grupos armados no permitieron a determinados candidatos a las distintas corporaciones, el ingreso a los territorios donde ellos mantienen presencia y control.
• El anuncio por parte de las FARC sobre la suspensión de las mesas de diálogo con El Gobierno Nacional, se convierte en una preocupación más para las comunidades, puesto que Nariño ha demostrado su voluntad de paz.
• Solicitamos de manera categórica al Alto Comisionado de Paz, que a través de sus delegados informen lo que sucede en la región, toda vez que en el territorio se encuentran representantes de la denominada Misión Paz, cuyo objetivo es la de velar por el respeto de los derechos de las comunidades civiles, pedir a los actores armado ceñirse a los lineamientos del DIH, y generar escenarios de confianza que permitan el avance de la apuesta nacional por el diálogo. Sin embargo, a la fecha no se ha conocido el reporte oficial de los graves hechos que hemos venido denunciando y que son de conocimiento de entidades como la Defensoría del Pueblo.
• Finalmente hacemos también un llamado a los grupos armados ilegales para qué se respeten los derechos de las comunidades, no involucren a las comunidades en sus actividades y se cumplan los protocolos de diálogo como muestra de la voluntad de paz.
• Las comunidades de Nariño tienen el derecho de vivir en un territorio libre de presiones de los grupos armados.
• ¡Mi Nariño, es lo nuestro!